Mientras la administración del presidente Nayib Bukele continúa su guerra contra las pandillas, los legisladores de El Salvador han vuelto a prolongar un estado de emergencia que suspende algunas libertades básicas. El llamado “estado de excepción” entró en vigor el año pasado y ha resultado en más de 66.000 arrestos en el país centroamericano. El estado de excepción fue reafirmado por duodécima vez en la noche de este miércoles por la Legislatura salvadoreña. Permite las detenciones sin derecho a un abogado, los arrestos sin orden judicial y el acceso del gobierno a la correspondencia personal. “Rogamos que este régimen continúe por más tiempo”, dijo el director de la policía, Mauricio Arriaza, a los periodistas antes de la extensión de 30 días de esta semana.
Debemos continuar combatiendo las organizaciones criminales y asegurar a las familias salvadoreñas que sus vidas y propiedades están seguras. La “lucha contra las pandillas” del gobierno ha permitido que la población salvadoreña sienta una sensación de seguridad, según la redacción del decreto legislativo. A pesar del apoyo popular a las medidas de emergencia en El Salvador, organizaciones de derechos humanos y expertos de la ONU han expresado su grave preocupación por la falta de respeto al debido proceso, las detenciones arbitrarias y el maltrato de los detenidos.
Un número creciente de salvadoreños detenidos bajo el estado de excepción han sido “detenidos nuevamente” luego de ser liberados después de recibir una fianza o de que sus casos fueran desestimados, según grupos de derechos humanos y el sindicato de policía salvadoreño el mes pasado. Eso generó nuevas preocupaciones de que la administración de Bukele tenga la intención de mantener a los presos encarcelados, especialmente a la luz de las próximas elecciones de 2024. El abogado y director de la Organización Salvadoreña Acción Ciudadana (Acción Ciudadana), Eduardo Escobar, “Desde un principio señalamos que no era tan extraño creer que el estado de excepción pudiera durar hasta las elecciones.
